El 29 de marzo la Fundación Villacisneros celebró una nueva conferencia del segundo ciclo sobre los foros sobre nacionalismo. En esta ocasión con el título “Las cuentas de ETA”. Nos acompañaron Mikel Buesa y Josu Ugarte, autores respectivamente de “ETA S.A.” y “La bolsa y la vida: La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial”.

Los ponentes comenzaron dando por buena la cifra de 460 millones de euros como cantidad obtenida por la organización terrorista ETA en sus cincuenta años de siniestra historia. De ellos, según Ugarte, 150 fueron consecuencia directa de su actividad criminal –atracos, secuestros y extorsión- y los 310 restantes derivados de las subvenciones obtenidas de la administración a través de sus partidos y asociaciones culturales encuadradas, como recordó Buesa, en el autodenominado “MLNV” (Movimiento de Liberación Nacional Vasco).

Los ingresos obtenidos cuantitativamente no fueron muy importantes –el 0,25 por mil del PIB vasco en 50 años- de lo que dedujeron que para asesinar más importante que el dinero, es la voluntad política de ejercer el terror.

A preguntas del moderador sobre la influencia del terrorismo en la huida de empresarios, profesionales y sus proyectos a otros lugares de España y su incidencia en el PIB, Buesa lo cifró en algo más de un punto porcentual. Para ello se refirió al peso de la economía vasca en el conjunto de España que sirvió para fijar el porcentaje del cupo vasco al comienzo de la democracia –el 6,24%- y el 5% que supone en la actualidad. En definitiva, ETA, además de asesinar a 856 personas, contribuyó con su acción criminal a la descapitalización de una tierra caracterizada por el emprendimiento como el País Vasco.

Responsabilidad del Estado y las Administraciones: Financiación

Se abordó también la responsabilidad del Estado y de las Administraciones en la financiación del terrorismo a través de las subvenciones otorgadas a los partidos políticos y por tanto a las diferentes marcas de ETA en las instituciones. En opinión de Buesa falto el coraje debido para evitar el fraude de ley cometido por el brazo político de ETA tolerado candorosamente por la administración de justicia en sus diversas instancias, calificándolo de “bajeza moral”. 

Por último, se criticó también el papel jugado por instituciones financieras que, pese a existir legislación específica al respecto, como la ley 12/2003 de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, facilitaron que los flujos financieros entre los tentáculos de ETA y la organización terrorista se produjeran con total normalidad.