El 29 de septiembre, con el título “Estado de situación” celebramos el segundo coloquio del ciclo “La impunidad de ETA”. Nos acompañaron, moderados por Ana Velasco, Vanessa De Santiago -abogada de “Dignidad y Justicia”- y Vicente González Mota -Fiscal de la Audiencia Nacional-.
La moderadora planteó los hitos que, a su juicio, han determinado la impunidad de los crímenes de ETA, desde la amnistía de 1977 hasta la actualidad con el nuevo proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
En relación con la ley de amnistía Vicente González Mota reconoció que efectivamente fue el primer paso para asegurar la impunidad, no solo porque 60 asesinatos fueron borrados y quedaron sin ser investigados, sino porque además la mayor parte de sus autores y colaboradores volvieron a la actividad terrorista. Vanessa De Santiago señaló además que quienes pagaron esta generosidad del Estado fueron las víctimas que quedaron privadas de su derecho a la justicia y a su reparación.
Ana Velasco planteó como segundo hito el acuerdo político que permitió en 1982 impunidad a los terroristas de ETA política militar. A cambio de su disolución se ofrecieron indultos y regreso de los huidos quedando sin ser resueltos otros 16 asesinatos. En opinión de González Mota aquel acuerdo fue cuando menos sorprendente ya que, para otorgar el indulto, previamente debe haber condena y el indultado mostrar arrepentimiento y reparación del daño, algo que no se produjo
Otra de las razones que han permitido el actual estado de situación de la impunidad en opinión de Velasco, fue la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013. González Mota explicó como esta derogación afectó a la liquidación de condena permitiendo que muchos terroristas condenados a cientos de años de prisión, salieran antes de cumplir la pena máxima de treinta años. Para Vanessa De Santiago los culpables de este desaguisado fueron los diputados y senadores que hasta 1995 no fueron capaces de modificar el código penal de 1973, en lo referido a la redención de penas, reforma que habría evitado la necesidad de aplicar la doctrina Parot y su posterior derogación.
Otra de las razones de la impunidad planteadas por Ana Velasco, fue la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno Vasco. Como consecuencia de la misma y según datos oficiales aportados por González Mota, desde octubre de 2021 hasta hoy, el Gobierno Vasco ha otorgado 111 terceros grados. Esta clasificación permite al recluso permanecer fuera de prisión salvo acudir a pernoctar a la misma de lunes a jueves. Explicó González Mota que la Fiscalía tan solo ha recurrido 22 de estas progresiones siendo revocadas 20, razón que hace incomprensible que no hayan sido recurridas las demás. Para Ana Velasco Vidal-Abarca la inacción de la Fiscalía responde a razones políticas ya que estas progresiones han sido concedidas incumpliendo los requisitos del artículo 72 de la ley orgánica general penitenciaria y también en consecuencia el 90 del código penal, en el que se establecen los requisitos para la libertad condicional. De Santiago comentó con respecto al artículo 72 de la ley orgánica general penitenciaria que la asociación Dignidad y Justicia ha solicitado la modificación de los dos artículos para que se exija una colaboración efectiva a los etarras para acceder a la progresión: “No se ha hecho y ahora vamos a empezar con las libertades condicionales y vamos a estar en la misma situación con el artículo 90 del código penal”.
Como penúltimo hito Velasco recordó la legalización de Sortu en 2013 por el Tribunal Constitucional y las condiciones que se impusieron para no incurrir en causa de ilegalización. El fiscal se refirió a la aprobación de la directiva europea 541/2017 relativa a la lucha contra el terrorismo. En ella se establece que frente a determinados comportamientos -enaltecimiento, manifestaciones, homenajes etc.- debe existir riesgo cierto de violencia y al haberse disuelto ETA en 2018 sería complicado instar la ilegalización. Para Vanessa De Santiago la decisión del TC fue un exceso de jurisdicción y recordó que sí existen indicios para probar que Sortu es la sucesión de formaciones ilegalizadlas pues en las elecciones municipales de 2023 esta formación llevó en sus listas a 42 condenados por pertenencia o colaboración con ETA, 7 de ellos con delitos de sangre.
Para finalizar los ponentes hicieron referencia a la modificación en curso de la ley de enjuiciamiento criminal que prácticamente dejará vacía de contenido la participación en los sumarios de las asociaciones de víctimas como acusación popular. Esta situación podría provocar que, de no acusar la Fiscalía, muchos sumarios terminarán siendo archivados.
