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Un reciente informe publicado por la Fundación Víctimas del Terrorismo muestra cómo el pequeño grupo de presos que ha roto con ETA, algunos de los cuales han participado en encuentros con víctimas, podría contribuir a esclarecer decenas de asesinatos.

Un reciente informe publicado por la Fundación Víctimas del Terrorismo muestra cómo el pequeño grupo de presos que ha roto con ETA, algunos de los cuales han participado en encuentros con víctimas, podría contribuir a esclarecer decenas de asesinatos. En él, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero, asesinado por la banda, concluye: «No existe constancia de que los 17 presos de ETA que se encuentran en la cárcel de Zaballa y a los que se les aplicó la llamada Vía Nanclares hayan colaborado activamente para esclarecer estos casos sin resolver de asesinatos, tal y como les exige la Ley para acceder al tercer grado o la libertad condicional». 

El comportamiento y las declaraciones de estos presos confirman que al distanciarse de ETA han iniciado un camino, si bien les resta un recorrido importante hasta llegar a convertirse en verdaderos agentes activos de deslegitimación del terrorismo. En esas condiciones, y por loables que puedan ser algunas de las motivaciones de los participantes en esos encuentros, no debería sorprender el recelo hacia ellos por parte de muchas otras víctimas.

La desconfianza aumenta al apreciarse cómo se han publicitado esas reuniones: la intimidad de un encuentro privado entre quienes han sufrido el terrorismo y los responsables de ese sufrimiento ha sido aireada en los medios con evidente intencionalidad política. En lugar de mantenerse la privacidad que requería tan íntima y delicada experiencia se optó por una publicidad con un particular encuadre. 

Términos como el odio y la venganza surgían como impulsos negativos asociados a aquellas víctimas que rechazaban los encuentros. En cambio, la reconciliación, el arrepentimiento y el perdón aparecían como sustitutos positivos de la que para muchas víctimas es una aspiración imprescindible e irremplazable: la justicia formal. Ingenuo y poco convincente resultaba desvincular esas reuniones de futuros beneficios penitenciarios cuando sin duda serían consideraciones de quienes deben decidirlos. Tanto más cuando se inscriben en un contexto muy determinado: una sociedad en la que numerosos actores presionan para diluir las importantes responsabilidades penales, políticas y morales de los terroristas que han asesinado en nombre de un objetivo nacionalista.

Es además una sociedad en la que no cesan los esfuerzos por consolidar un relato que inventa violencias equivalentes con el terrorismo etarra; una sociedad en la que a menudo el lenguaje neutraliza y distorsiona la realidad del terrorismo. Así puede ocurrir cuando terroristas y asesinos son presentados únicamente como victimarios vaciando su violencia de su relevante intencionalidad política y, por tanto, de sus graves consecuencias y responsabilidades tanto a nivel individual como colectivo. Todo ello en un contexto de coacción a las víctimas del terrorismo a las que se les exige generosidad presentándolas injustamente como obstáculos para la paz si no se avienen a aceptar ciertas fórmulas de impunidad política y penal. 

Lógicamente todo el respeto merecen quienes entienden que esos encuentros les reconfortan, pero no debe obviarse el marco político y social en el que se inscriben para comprender los negativos efectos, deseados o involuntarios, que, sin duda, también tienen.

Además, las experiencias en diversos escenarios demuestran cómo con frecuencia las víctimas son colocadas en un plano de injusta simetría difícil de evitar, recibiendo una sutil presión que desnivela la balanza en su detrimento. Diferentes estudios demuestran la insatisfacción de víctimas norirlandesas y sudafricanas porque sus legítimos deseos de una justicia retributiva fueron reemplazados por ambiguas y subjetivas expresiones de reconciliación, perdón y magnanimidad hacia los terroristas. Las circunstancias descritas justifican los temores a que los encuentros con etarras sirvan para instrumentalizar los sentimientos de las víctimas con el fin de difuminar la necesaria rendición de cuentas que la ley exige mediante la función retributiva de la pena.

Reveladora resultó la crítica de algunos promotores de esos encuentros a Consuelo Ordoñez al entrevistarse con el asesino de su hermano. 

«Ayer yo fui a pedir a Valentín Lasarte que colabore con las autoridades en la identificación de los responsables de los delitos terroristas y con ello en la resolución de los crímenes sin resolver», explicó. La negativa del terrorista a aportar información alguna revelaba el importante déficit de su proceso de distanciamiento de la violencia, evidenciando también las carencias de otros etarras protagonistas de los encuentros con víctimas. Tras su entrevista, la víctima recordó la jurisprudencia que sostiene que «la reeducación o reinserción social no es el único fin de la pena, sino que ésta ha de armonizarse con la exigencia de justicia y con otros principios, particularmente el de la prevención especial, que en delitos muy graves se combina también con criterios retributivos de la pena».

Quienes entienden la paz como un espectáculo incluso desean televisar esos encuentros precisamente por su utilidad como herramienta política. La película ‘Cinco minutos de gloria’ recrea el encuentro ante las cámaras entre una víctima y un terrorista norirlandés exponiendo el peligro de convertir en mercancía los sentimientos de quienes han sufrido el terrorismo. El terrorista, ensalzado por su supuesta valentía al aceptar el encuentro, admite la frustración que la víctima obtendrá de ese desigual cara a cara: «Él no quiere escuchar mi petición de perdón; solo quiere confrontarme». 

Efectivamente la víctima ansiaba volcar su ira en el asesino porque sus ineludibles necesidades de justicia habían sido ignoradas, bloqueando así su doloroso duelo.

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