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Fundación Villacisneros

9 diciembre 2014

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Rigor para los corruptos, lenidad para los etarras. La alarma por la corrupción ha cambiado el paradigma moral español.

Al exministro Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias, le fue revocado recientemente por ejemplaridad su acceso al tercer grado penitenciario. El etarra Valentín Lasarte, 340 años de reclusión por su participación en siete asesinatos, entre ellos los de Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica, acaba de disfrutar de su quinto permiso en 18 meses. El exalcalde de Jerez Pedro Pacheco cumple pena de cinco años por haber enchufado a dos funcionarios. Los terroristas Pakito, Santi Potros, Caride Simón y Plazaola, cabecillas de ETA en los más crueles «años de plomo», acaban de beneficiarse de una discrecional interpretación de la Audiencia Nacional que abrevia sus condenas la víspera de que entre en vigor una ley orgánica para impedirlo. La cantante Isabel Pantoja pasa en una cárcel de Sevilla las primeras semanas de los dos años que le corresponden por un delito de blanqueo de dinero en Marbella. Idoia López Riaño, alias «la Tigresa», 23 cadáveres a sus espaldas, estrenó el lunes su flamante autorización para salir a sacarse el carné de conducir durante varias horas diarias.

Hay más casos. Un cambio en la sensibilidad social dominante está propiciando este fenómeno de disparidad de criterio en la valoración judicial del cumplimiento de las penas. La preocupación por el terrorismo ha desaparecido casi por completo mientras la susceptibilidad ante la corrupción se instala en la opinión pública con rasgos de alarma colectiva. Casi parece que hay urgencia por dejar hueco en las penitenciarías para los reos de latrocinio, que entran con gran ruido mediático por una puerta giratoria de la que salen casi en silencio criminales de escalofriante currículum. Las normas generales no han cambiado pero los antiguos pistoleros de la «socialización del sufrimiento» se ven favorecidos por atenuantes potestativas que no resultan de aplicación para los culpables de deshonestidad y agio. Una sociedad crispada hasta el grado de fobia antipolítica exige castigos ejemplares para los dirigentes públicos venales mientras se desentiende de su propia memoria reciente de la sangre derramada por un delirio totalitario. Los jueces, asfixiados por la presión ambiental o partícipes de ella, aplican las reglas según el nuevo paradigma embadurnando sus togas con «el polvo del camino».

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