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Fundación Villacisneros

11 mayo 2015

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Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2011 que legalizó Bildu, solía repetirse desde algunos ámbitos políticos que los herederos de Batasuna eran ya legales, pero no demócratas. De ese modo se intentaba justificar la normalización de relaciones con una formación cuya legalización había sido previamente rechazada por el Tribunal Supremo.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2011 que legalizó Bildu, solía repetirse desde algunos ámbitos políticos que los herederos de Batasuna eran ya legales, pero no demócratas. De ese modo se intentaba justificar la normalización de relaciones con una formación cuya legalización había sido previamente rechazada por el Tribunal Supremo. Hoy, esa normalidad se ha consolidado hasta el punto de que partidos democráticos que han sufrido el terrorismo etarra manifiestan su disposición a pactar con Bildu. Así va consumándose la rehabilitación política y social de quienes todavía justifican y legitiman el asesinato sistemático de sus conciudadanos durante décadas. El supuesto realismo político que para algunos justifica esa actitud esconde, no obstante, sus graves perjuicios.

Encubre el fanatismo y el totalitarismo de quienes en tanto que representantes públicos se han erigido ya en referentes políticos y sociales gracias a la ausencia de una eficaz deslegitimación de su pasado. En absoluto debe ser un modelo la conducta de quienes se niegan a condenar o a deslegitimar la violación de los Derechos Humanos padecida por sus adversarios políticos. Sin embargo, la sociedad vasca acepta en la práctica un injusto ventajismo político consecuencia del que persiguió ETA asesinando e intimidando a ciudadanos que en su mayoría no eran nacionalistas. La degeneración democrática que el terrorismo provocó al impedir el ejercicio de las libertades para toda la ciudadanía, limitando la práctica política y restringiendo los derechos de los amenazados, encuentra así una cierta continuidad. El terrorismo ha logrado que se acepte una injusta asimetría: las víctimas deben asumir que quienes todavía legitiman su victimización, o sea, su humillación, ejerzan el poder y, en consecuencia, se beneficien de la propia democracia para justificar las ideas que atentan contra ella.

Por tanto, improbable resulta la deslegitimación rotunda de ETA que reclaman sus víctimas cuando aquellos que han aplaudido el terrorismo son recompensados con una evidente impunidad política. Imposible resulta conciliar tan necesaria deslegitimación con la ausencia de una rendición de cuentas de la que se les ha eximido a los sucesores de Batasuna al legalizarles. Por ello, a quienes desean poner distancia con el pasado transformándolo desde el presente, incluso aceptando pactar con Bildu porque, según dicen, puede ser “bueno” para la sociedad, se les debe recordar que la democracia no es un mero procedimiento. La democracia constituye un sistema de valores, de creencias, de hábitos y costumbres que dañan el buen orden deseado si se incumplen. Así ha ocurrido con la legalización de los herederos de Batasuna, manifestación de una clara corrupción del sistema democrático cuyas consecuencias políticas y sociales, sin embargo, muchos desean que pasen inadvertidas.

Conviene subrayarlo para demostrar la ineficacia de esas apelaciones a la construcción de un relato deslegitimador del terrorismo cuando a diario se falsea el verdadero impacto político y social del terrorismo. De forma incongruente se niega la participación de Bildu en un artificio llamado Ponencia por la Paz y la Convivencia aduciendo la ausencia de condena del terrorismo etarra mientras se tolera sin reparos su participación en las instituciones democráticas pese a tan serio déficit democrático. Con similar incoherencia se ensalza la victoria sobre el terrorismo mientras se oculta la aquiescencia de los partidos democráticos con una irregular legalización en contra de la propia jurisprudencia del Constitucional que, como ha manifestado el ex magistrado Manuel Aragón, fue “un grave error de la democracia y del Estado de Derecho”.

Fue esta una operación política enmascarada bajo una inconsistente decisión jurídica. Con ella los dos partidos democráticos mayoritarios simularon una tímida indignación mientras realmente apostaban por legalizar al brazo político de ETA temerosos de que la banda continuara con el terrorismo. Para comprender el daño que supone aceptar a Bildu como un actor político más amparándose en esa trampa, es oportuno recordar el voto discrepante del magistrado Aragón a una sentencia que, admitió, le causó “bochorno”: “El Supremo constató -en términos que no admiten censura constitucional- que ha quedado acreditada una operación política del llamado complejo ETA/Batasuna para utilizar, con fines de sucesión política, un elevado número de candidaturas electorales de los partidos legales EA y Alternatiba, operación consumada con la constitución a tal efecto de la coalición electoral Bildu”. Este reconocido experto en derechos fundamentales sostuvo por ello que el TC había incurrido en “un claro exceso” de su “jurisdicción constitucional” y rechazó las infundadas críticas de sus compañeros a la “insuficiencia probatoria” de la sentencia del Supremo.

Hoy se hace política como si ETA no hubiera existido y como si Bildu no fuera lo que verdaderamente es. Inhabilitada de facto la posibilidad de ilegalizar a quienes no condenan el terrorismo y legitiman la sistemática violación de los Derechos Humanos perpetrada por ETA, los partidos democráticos ni siquiera intentan enmendar parcialmente su fracaso impidiendo que Bildu gobierne en minoría. En cambio, se escudan, como recientemente hacía Borja Sémper, presidente del PP en Gipúzcoa, en una dudosa “política moderna y evolucionada” que “necesita flexibilidad y acuerdo entre diferentes” para justificar posibles pactos con Bildu. Añadía: “A veces, para llegar al entendimiento que mejora la calidad de vida de los ciudadanos tenemos que dejarnos cosas parciales en el camino”. Sin embargo, después de que ETA haya asesinado a cientos de seres humanos para imponer un proyecto político nacionalista, ignorar lo que Bildu representa supone banalizar peligrosamente tanto los requisitos propios de la democracia como la verdadera magnitud del terrorismo.

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