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El debate, moderado por María San Gil se centró en analizar la situación política actual propiciada por la estrategia emprendida por el entorno proetarra, su legalización y el temor a las concesiones en materia de cumplimiento de condenas e investigación de los numerosos asesinatos –casi 400- aún sin resolver.

El pasado jueves 29 de mayo tuvo lugar en Madrid una mesa redonda seguida de un profundo debate acerca de cual debe ser el papel del Estado de Derecho para derrotar al terrorismo de ETA y como se debe construir el futuro. En el debate participaron María San Gil, patrona de la Fundación Villacisneros, Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco), Ángeles Escrivá, periodista de El Mundo, Regina Otaola, que fuera alcaldesa del pueblo de Lizarza, Ana Velasco, víctima del terrorismo e Iñigo Gómez-Pineda, presidente de la Fundación Villacisneros.

El debate, moderado por María San Gil se centró en analizar la situación política actual propiciada por la estrategia emprendida por el entorno proetarra, su legalización y el temor a las concesiones en materia de cumplimiento de condenas e investigación de los numerosos asesinatos –casi 400- aún sin resolver.

El presidente de la Fundación Villacisneros, Iñigo Gómez-Pineda presentó la mesa redonda destacando la importancia de apoyar a instituciones y personas que trabajan desde la dignidad y el respeto hacia los valores que representa la democracia y puso de manifiesto el compromiso en este sentido de la Fundación. Gómez-Pineda resaltó que cuanta mayor es la relevancia pública de quienes justifican el terrorismo, más se ocultan sus devastadores efectos y a quienes lo han padecido. En su opinión la mera presencia pública de las víctimas es la mejor forma de deslegitimar al terrorismo y por esta razón se intenta que pierdan el protagonismo que merecen como garantes de la libertad de todos y como símbolo de la defensa de ese Estado de Derecho que, a su vez, las tiene que proteger.

Ángeles Escrivá destacó que a los terroristas se les han dado a lo largo de décadas múltiples oportunidades para redimirse y que en este momento lo que es necesario es garantizar el derecho a la justicia de las víctimas. Escrivá se mostró pesimista en cuanto a la posibilidad de ilegalizar a los partidos afines al terrorismo y señaló la absoluta falta de vigencia de la Ley de Partidos Políticos que ha sido incumplida sistemáticamente sin ninguna consecuencia.

En este sentido, Consuelo Ordoñez denunció que el problema en España es que no se cumple la Ley y puso como ejemplo las excarcelaciones que se producen sin que se ejecute uno de los requisitos que exige la ley que es el de la colaboración con la justicia. Asimismo acusó al Gobierno de haber aplicado de manera incorrecta la derogación de la doctrina Parot ya que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos únicamente contemplaba el caso particular de un demandante por lo que su aplicación masiva tuvo una motivación política evidente.

Regina Otaola advirtió del peligro que supone para la democracia y para la libertad que accedan a las instituciones individuos que no condenan el terrorismo, que trabajan incansablemente por su legitimación y que las consecuencias de esta permisividad serán gravísimas ya que debilitarán la presencia efectiva del Estado en el País Vasco.

Por su parte, Ana Velasco manifestó que se está llegando a un punto en el que se empieza a considerar que las víctimas son vengativas y que así no se puede avanzar en la paz. Es decir, los planteamientos de los nacionalistas que propugnan el olvido y la impunidad adquieren cada vez más fuerza en detrimento de quienes consideran que la justicia es un elemento imprescindible para que el Estado de Derecho sea una realidad y no una quimera y para garantizar un futuro en el que las nuevas generaciones sepan la realidad del daño que el terrorismo ha causado a miles de personas y a España como nación.

El público intervino de manera muy activa en el coloquio y destacó la presencia de varias víctimas del terrorismo como Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez, María Jesús González, madre de Irene Villa, Carmen Miranda, Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la AVT y Mikel Buesa. María San Gil dio voz a todos los que quisieron intervenir manteniéndose en un discreto segundo plano aunque a preguntas de uno de los asistentes al acto reconoció su pesimismo acerca del futuro político en el País Vasco y de que se vaya a conseguir la deslegitimación social y moral del terrorismo en esa Comunidad.

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