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Fundación Villacisneros

4 abril 2014

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El Gobierno ha aprobado el repliegue de los Grupos de Acción Rápida de la Guardia Civil del País Vasco. Los argumentosse basan en motivos de operatividad, de optimización de recursos, de presupuesto y de “inminente” derrota de Eta. Ni una sola palabra sobre la insistente exigencia en este sentido de los nacionalistas.

El Gobierno ha aprobado el repliegue de los Grupos de Acción Rápida de la Guardia Civil del País Vasco. Los argumentosse basan en motivos de operatividad, de optimización de recursos, de presupuesto y de “inminente” derrota de Eta. Ni una sola palabra sobre la insistente exigencia en este sentido de los nacionalistas.

La noticia se ocultó en una disposición general más amplia del Boletín Oficial interno de la Guardia Civil y no ha merecido prácticamente ninguna explicación ni valoración por parte del Gobierno que mantiene una actitud de silencio  sistemático acerca de todas las decisiones que toma con respecto a la política antiterrorista y que no opina jamás sobre la estrategia del Gobierno Vasco y su utilización de ingentes recursos públicos en apoyar los planteamientos propagandísticos de los entornos proetarras.

Qué el Gobierno Vasco se emplee a fondo en elaborar planes de “paz y convivencia” que ponen en el mismo plano a las víctimas del terrorismo y a las que ellos mismos denominan –sin ningún tipo de sin pruebas- de “abusos policiales”, es lo previsible; que a continuación lleven a esas supuestas víctimas, que no son más que vulgares etarras llenos de odio, a los colegios para que adoctrinen a los niños, también es previsible en un partido con la trayectoria del PNV; que financie investigaciones sobre torturas contra los Cuerpos de Seguridad del Estado, forma parte de su condición; pero que el Gobierno de España calle ante semejantes afrentas que cuestionan, la honestidad y la legitimidad del Estado para combatir el terrorismo, es desconcertante e incomprensible.

¿Por qué calla el Gobierno? ¿Por qué oculta el Gobierno? ¿Por qué inexorablemente van cayendo los bastiones que nos defendían de la legitimación de la banda y garantizaban su derrota?

Primero fue la legalización de sus partidos políticos, el vientre de alquiler que acabó pariendo una criatura que crece, se hace fuerte y controla importantes instituciones en el País Vasco. Después vino la oportuna derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –Europa como coartada-. A continuación, el regreso de los terroristas “huidos”, que no son otros que los que han conseguido que sus crímenes prescribieran porque el Estado no ha sido capaz de investigarlos con la debida diligencia, ni de detenerles para juzgarles y condenarles. Son por tanto terroristas “impunes” a los que la administración española está informando solícitamente de que no tienen causas pendientes y les está facilitando los trámites burocráticos para volver, mientras a sus víctimas les niega la información acerca de cuáles son esos delitos que han prescrito y que afectan a sus familiares asesinados.

Y ahora es la Guardia Civil, que empieza a salir por la puerta de atrás para que el repliegue en el País Vasco de  Policía y Guardia Civil sea otro de los compromisos cumplidos.

Hemos llegado a tal extremo que han tenido que ser las propias víctimas del terrorismo, a través de la organización COVITE, – y no el Gobierno, que permaneció pasivo- quienes han desenmascarado la pantomima de la entrega de armas de Eta, pidiendo a la Audiencia Nacional que interrogase a los “verificadores”. Y hemos tenido que escuchar también –ante otro silencio atronador de nuestros gobernantes- al lendakari Urkullu reclamando que se destruyan las armas que pueden conducir al esclarecimiento de asesinatos sin resolver y mostrando su satisfacción porque el presidente del Gobierno le “esté dejando hacer con discreción” mientras conmina a que se aplique una política penitenciaria específica para que los etarras no beneficiados por la derogación de la doctrina Parot salgan de la cárcel lo antes posible.

Ante este panorama, no es extraño que exista una profunda desconfianza entre las víctimas y un fundado temor a que los terroristas finalmente no cumplan sus condenas, bien porque muchos ni tan siquiera sean juzgados, bien porque reciban penas insuficientes, obtengan beneficios penitenciarios o directamente porque sean indultados por el Gobierno, a poder ser con “discreción”. Otro compromiso, uno más, que, si no lo evitamos, nos conducirá a ese final en el que las víctimas dejarán de ser un referente moral y Eta será una organización política digna de todos los respetos.

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