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Las organizaciones que trabajan en el ámbito de la defensa de la vida y su dignidad subrayan que su actividad se encuentra dentro de los límites que marcan los derechos fundamentales de la Constitución Española.

Los portavoces se acogen al derecho de ‘ciudadanía activa’, presente en la normativa europea, para acercar su postura a los miembros de la Cámara Alta.

La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, junto con las demás organizaciones, hemos denunciado este jueves en el Senado la inconstitucionalidad de la proposición de Ley Orgánica que ya prepara el Gobierno para penalizar que los grupos Provida realizan jornadas de oración frente a las clínicas abortivas. La citada Asamblea, compuesta por más de 140 asociaciones de diferentes ámbitos de la sociedad civil junto a las organizaciones convocantes, han recordado a los senadores que “los delitos de acoso y coacciones ya se encuentran tipificados como ilícitos penales”, por lo que esta propuesta de ley es un claro ejemplo más del derecho penal de autor, con una concepción autoritaria-totalitaria, un hecho que hace que la propuesta “plantee serias dudas sobre su constitucionalidad y legalidad”.

La sesión ha contado con la intervención inicial de Jaime Mayor Oreja, portavoz de las asociaciones que integran la Asamblea y uno de los impulsores de Neos, quien ha comenzado con unas palabras de agradecimiento a los senadores por “facilitarnos la entrada en su casa para abordar un tema tan trascendental para nuestra sociedad como es la defensa de la vida”.

«Nos sentimos en la obligación de frenar esa decadencia disfrazada de falsa libertad y progreso que trata de imponerse hoy en nuestro país. La sociedad civil no puede permitir que se censuren sus derechos fundamentales bajo un criterio claramente ideológico y partidista. No tienen límites éticos, democráticos y ni siquiera legislativos, pues modificar el Código Penal para limitar nuestra libertad de expresión da muestra de una obsesión enfermiza por construir un nuevo orden social».

El acto ha contado también con la participación de Íñigo Gómez-Pineda Goizueta, presidente de la Fundación Villacisneros y con los senadores Javier Puente (Partido Popular) y Jacobo González-Robatto (VOX). Puente ha asegurado que «una sociedad que defiende el aborto como conquista está abocada al fracaso» y que la misma «ha de ser capaz de ofrecer los medios adecuados para que una mujer pueda sacar adelante a su bebé».

“Lucharemos frente a esta ley que suprime nuestra libertad de expresión y de opinión e impone penas de cárcel para quienes no pensamos como ellos. Prefiero estar en la cárcel que en silencio”.

Por su parte, González-Robatto ha reivindicado la figura del ser humano «desde la concepción», momento «innegable desde el punto de vista científico y donde se es más vulnerable, por ello estamos obligados a protegerles». El senador ha asegurado que la cultura de la vida es «la más importante de nuestra sociedad» y ha mostrado su apoyo a aquellos que «dan esperanza», en referencia a los grupos Provida. En este sentido, ha advertido de que «dentro de cien años, veremos el aborto como hoy vemos la esclavitud» y será «una vergüenza para nuestra sociedad».

Los senadores de ambas formaciones políticas han asegurado que «estamos todos en el mismo equipo a la hora de defender la vida» y «frente a los que «atacan un pilar tan fundamental para nuestra sociedad como es la familia».

La protesta se produce tras presentarse la proposición de Ley Orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, destinada a penalizar el rezo frente a las clínicas abortivas. En respuesta, la Asamblea ha aludido que «esta acción se encuentra amparada por los derechos fundamentales de reunión y manifestación (art. 21 CE), participación (art. 23.1 CE), libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE), expresión y difusión de los pensamientos, ideas, opiniones (art. 20.1.a CE), claves en todo sistema democrático».

Jesús Poveda de Agustín, fundador de la Escuela de Rescatadores, ha señalado durante su intervención en el Senado que «el derecho a la información es prioritario en temas de salud. Antes de una intervención quirúrgica como es un aborto provocado, la mujer debe ser informada». Poveda de Agustín, quien cuenta además con más de 30 años de experiencia clínica, ha señalado que «negar el derecho a personas ajenas al negocio del aborto, como nosotros, a informar sobre esta práctica es permitir que el aborto se convierta en un negocio donde se trafique con la salud de la madre y de sus hijos». El doctor ha concluido su intervención asegurando que «las mujeres embarazadas son vulnerables durante el período de gestación y nuestra labor a la hora de informarlas en ese estado supone brindar una última oportunidad».

Las organizaciones convocantes lamentamos que la estrategia política hurte el debate social cuando esta Ley ataca a derechos y libertades fundamentales. «Nosotros hablamos de personas, no de negocios».

En palabras de Marta Velarde Mayol, de la asociación provida Más futuro, «las mujeres que han sufrido este trance en primera persona nos preguntan cada día dónde estábamos cuando tomaron la terrible decisión de abortar. Incluso nos confiesan que no lo hubieran hecho de haber estar nosotros ahí». Velarde ha puesto de relieve que su asociación cuenta con cientos de voluntarios (alrededor de un 70% integrado por jóvenes) que llevan rescatados más de 6.000 bebés desde su fundación. «En el día de hoy damos un paso más, con ellas en nuestra memoria, para conseguir que no se nos impida seguir salvan vidas».

Los portavoces de ambas asociaciones han coincidido en que las concentraciones Provida «están amparadas por el derecho de manifestación y es además una muestra de la libertad de expresión reconocida en nuestra Constitución, algo indisolublemente ligado al pluralismo político», han concluido.

El acto contó también con el testimonio de dos mujeres que encontraron en las asociaciones Provida un cambio en su forma de pensar, rechazando ser parte del negocio del aborto.

«Las asociaciones fueron nuestro refugio durante los momentos más difíciles. Estar ahora aquí defendiendo el derecho a la vida es nuestra forma de agradecerles que podamos vivir hoy junto a nuestros hijos, lo más preciado que tenemos». Ambas han asegurado que «algunos políticos pretenden meter en la cárcel a quienes ayudan a mujeres como nosotras sin tener en cuenta que, cuando abortas, la vida ya no vuelve a ser igual».

Por todo ello, la Asamblea ha anunciado que está dispuesta a alentar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de las instancias competentes en caso de la nueva regulación sea finalmente aprobada.

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