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En Septiembre de 2019, ante la reiteración impune de actos de humillación a la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra por parte de los herederos de ETA, la Fundación Villacisneros promovió un Manifiesto de apoyo a la Benemérita. Firmado por 25000 personas se solicitaba del Gobierno que acabara con la impunidad de los ataques a la Guardia Civil, así como la organización de un gran homenaje nacional a la Benemérita en agradecimiento a su lucha contra el terrorismo. Desgraciadamente ninguna de las dos peticiones resultó atendida.

Nueve meses después la situación, lejos de mejorar, ha adquirido una deriva muy preocupante como consecuencia, en esta ocasión, no de los ataques de los amigos de ETA, sino de la actuación del Gobierno de España. Además de los bochornosos acuerdos alcanzados con los testaferros de la banda terrorista en el Congreso de los Diputados, resulta muy preocupante el afán del Gobierno por convertir a la Guardia Civil en un Cuerpo al servicio de sus intereses políticos.

Si grave fue conocer la orden de recopilar en las redes sociales “información susceptible de generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”, peor ha sido aún el oficio de la Directora General de la Guardia Civil por el que se propuso el cese del Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid.

Un Ministro, juez de carrera, que ordena a sus subordinados solicitar un informe que solo puede estar en manos de un juez, no puede continuar al frente de ninguna responsabilidad pública. Cesar a un Coronel por negarse a incumplir la ley, es propio de Gobiernos incompatibles con lo establecido en nuestra Constitución en su artículo 1: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”.

En consecuencia, ante el peligro que supone que un Cuerpo armado formado por 80000 servidores públicos, esté bajo el mando de personas que no creen en el Estado de Derecho, ni en la separación de poderes, la Fundación Villacisneros considera que:

1.- El Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad y la Directora General de la Guardia Civil deben ser cesados de inmediato.

2.- El nuevo Ministro y los altos cargos que con él colaboren, deben preservar la independencia de la Guardia Civil, velar por garantizar el trabajo profesional de sus agentes sin injerencia alguna y garantizar que ninguna instrucción política volverá a interferir en el mismo.

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