Hace trescientos años Inglaterra y España firmaron el Tratado de Utrecht que marcó un hito trascendental en la trayectoria de la decadencia española. Los acuerdos más sangrantes para la monarquía española fueron las cesiones a Inglaterra de Gibraltar (Art. 10) y de Menorca (Art. 11) que eran auténticos botines británicos obtenidos durante la guerra de Sucesión. El seis de agosto de 1704 la armada de los aliados, defensores de la candidatura del Archiduque Carlos como Rey de España, liderada por Jorge Hesse Darmstadt, cabeza del austracismo catalán, conjuntamente con el almirante británico Rooke, había tomado Gibraltar. ¿Se tomó la plaza en nombre de la Reina de Inglaterra o del Archiduque Carlos, Rey de la España austracista? Berwick en sus memorias se manifestó con rotundidad: «En verano desembarcó en Gibraltar el Príncipe de Darmstadt y se apoderó de la plaza, la guarnición era muy endeble y su gobernador un imbécil». Según el cronista Vicente Bacallar hubo tensiones desde el primer momento entre los austracistas españoles y los británicos respecto al monopolio jurisdiccional de la plaza. Es probable que ondearan durante un tiempo las dos banderas. Lo cierto es que Inglaterra se llevó el gato al agua y monopolizó la posesión de la plaza.

Lo mismo pasó en Menorca. Esta isla fue tomada por el almirante británico Leake en julio de 1708. Si en Gibraltar había habido doce mil asaltantes, en Menorca solo hubo tres mil trescientos ochenta y cuatro. La situación política de Menorca fue ambigua. ¿Para quién era la soberanía? ¿Para Inglaterra o para la España austracista? Inicialmente hubo indefinición al respecto. A partir de 1712, Menorca era plenamente británica en manos del gobernador Kane. Los propios británicos legitimaban la reivindicación plena de Menorca con el argumento de que «lo que pedimos es tan natural que el mundo entero estima debíamos quedárnoslo y se sorprenderá de nuestra modestia sino deseamos otra cosa».

La cesión de Gibraltar sentenciada en Utrecht era rotunda: «El Rey Católico por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con eterno derecho y para siempre sin excepción ni impedimento alguno». Todo un testimonio del alto precio con el que Inglaterra se cobró su renuncia a continuar la guerra de Sucesión, la asunción final de Felipe V como Rey de España.

Los diplomáticos de la España borbónica que negociaron el tratado de Utrecht —el duque de Osuna, el conde de Bergheik y el marqués de Monteleón— asumieron la entrega de Gibraltar con matices y precisiones importantes. La cesión se hizo sin jurisdicción territorial alguna, sin comunicación terrestre y con derecho de reversión de la Corona española, en caso de enajenación por la monarquía británica. La soberanía se establecía solo sobre la fortaleza y el puerto y se evitó la pretensión inglesa de obtener una franja territorial de distancia de dos tiros de cañón. Se precisaba la voluntad del Rey de España de «impedir la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de la tierra». Se incluía en el texto la garantía a los «habitadores de la dicha ciudad de Gibraltar del uso libre de la Religión Católica Romana».

España salió de Utrecht magullada y desmembrada, con plena conciencia de lo inadmisible de sus concesiones. Tres años tan solo después de Utrecht, Felipe V con su ministro Alberoni iniciaba una operación revisionista del Tratado. En 1725 el nuevo hombre de confianza de Felipe V, Ripperdá negoció el Tratado de Viena que hacía prometer al emperador Carlos VI (el antes candidato al trono de España) su apoyo para la recuperación de Gibraltar y Menorca. En 1727, España lanzó su primer intento de reconquista de Gibraltar que fracasó. Cuatro años después se rechazó la pretensión británica de ampliar territorio jurisdiccional porque «estas cláusulas del Tratado de Utrecht no debían tener interpretación».

En 1779 la monarquía de Carlos III lanza una nueva ofensiva militar para recuperar Gibraltar en el contexto de su alianza con Francia apoyando la revolución norteamericana frente a Inglaterra. Si Menorca en 1782 y hasta 1797, en primera instancia y definitivamente desde 1802, volvería a España, Gibraltar no pudo ser recuperada pese al enorme desgaste español en el intento de reconquista (5.000 muertos), en buena parte porque la aliada Francia acabó pactando con Inglaterra la Paz de Versalles.

Han pasado tres siglos y aquellos 6,8 kilómetros cuadrados, con su célebre peñón calcáreo, siguen siendo manzana de discordia. Las restricciones que se reflejan en el texto original de Utrecht no han sido respetadas.

No se ha podido frenar la prolongación de Gibraltar a costa del territorio español, ocupando parte del istmo nunca cedido y ampliando unilateralmente sus aguas jurisdiccionales. En 1934 se construyó el aeropuerto en territorio neutral. El proceso de descolonización al que instó la ONU en 1967 no ha servido más que para hacer crecer indefinidamente la arrogancia gibraltareña. Los conflictos de pesca menudean y Gibraltar ha devenido, como ha subrayado José Mª Carrascal, en escenario de corruptelas de todo tipo: evasión fiscal, blanqueo de dinero, contrabando…

Han fracasado, hasta el momento, las múltiples iniciativas diplomáticas desde el drástico cierre de fronteras en 1969 (reabierta en 1982) a la formación del Foro Trilateral por parte del ministro Moratinos. Los intentos de captación de la buena voluntad gibraltareña, de Caruana a Picardo, han sido inútiles. Lo para mí más penoso es que no hay manera de construir ante Gibraltar una política de Estado asumida por todos los partidos políticos españoles. Causa estupor constatar las desavenencias de los alcaldes de La Línea y de Algeciras, defendiendo unos a los trabajadores españoles en Gibraltar y otros a los pescadores. Ante Gibraltar no sirve ni el testimonialismo simbólico ni buenista, ni, desde luego, el acopio de testiculina. La razón moral debe estar bien acompañada de la razón de Estado fuerte. El estigma de Utrecht no es la propia cesión de Gibraltar como precio del final de una guerra ni siquiera lo es la interpretación interesada que los británicos y los gibraltareños han hecho del texto de aquel Tratado. El auténtico estigma es que, trescientos años después, nada se haya aprendido de lo que significó Utrecht: los costes de la fragilidad del Estado, las divisiones sectarias, la nula autoestima nacional.