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Fundación Villacisneros

8 enero 2014

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En su excelente «Guerra y construcción del Estado en Colombia», el académico Carlos Patiño consideraba un error estratégico la incapacidad del Estado para ejercer el monopolio legítimo de la violencia durante décadas.

En su excelente «Guerra y construcción del Estado en Colombia», el académico Carlos Patiño consideraba un error estratégico la incapacidad del Estado para ejercer el monopolio legítimo de la violencia durante décadas. Esa incapacidad le ha mantenido «bajo la constante amenaza de ser desplazado de los entornos en donde la sociedad demanda algo de orden, la aplicación de normas y la eliminación de la violencia». La amenaza no ha desaparecido al cumplirse un año de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC. En un país con más de 200.000 muertos y millones de desplazados, la negociación con una organización terrorista implicada además en el narcotráfico es vista por algunos como el único camino para erradicar la violencia. Sin embargo, se trata de una estrategia arriesgada no exenta de elevados costes. Muchos de los riesgos surgen de esa suerte de industria de la paz que ha llevado a las autoridades colombianas a importar fórmulas aplicadas en otros contextos para propugnar la negociación con terroristas.

Las negociaciones de grupos terroristas como el IRA y ETA con gobiernos democráticos han alimentado esa nociva industria que convierte la paz en un espectáculo. La acción comunicativa es un elemento fundamental de toda política antiterrorista, pero puede volverse contraproducente cuando se relegan importantes instrumentos coactivos en beneficio de la propaganda con la que se justifica el diálogo con terroristas. Como los casos colombiano, español y norirlandés demuestran, los violadores de Derechos Humanos son transformados en respetables interlocutores que gozan del privilegio de la inmunidad y de la interlocución directa con un gobierno democráticamente elegido. A pesar del escaso apoyo social a las FARC, el Gobierno prestigia a este grupo con un trato preferencial que le permite erigirse en representante de un pueblo al que, obviamente, no representa. Se induce a pensar erróneamente que las reivindicaciones del grupo terrorista son las de todo un pueblo y que las causas del terrorismo radican en ciertas deficiencias del sistema democrático.

Desde La Habana, terreno nada neutral donde se negocia, los terroristas acaparan la atención internacional mientras reproducen su publicidad con todas las facilidades, como denunció un columnista colombiano: «Resulta indignante que el vocero de un grupo que ha asesinado a decenas de miles de campesinos, reclutado a miles de menores para la guerra, despojado de su tierra a miles de campesinos, tenga la cachaza de dictarle cátedra al país sobre lo que está bien y lo que está mal». Paradójicamente, no son estos líderes terroristas, que aseguran ante los medios que no cumplirán ni un día de cárcel por sus crímenes, los que son etiquetados como «enemigos de la paz». Así es como el presidente colombiano, entre otros, intenta estigmatizar a quienes critican la negociación. Descalifica así a su oposición política, pero también a otros ciudadanos con legítimas inquietudes sobre una táctica como la negociación que las FARC rentabilizan.

El diálogo con terroristas se vende a través de esa industria de la paz que tan peligrosamente simplifica la realidad sobre el terrorismo y las respuestas que requiere. La complejidad que entraña el combate contra las FARC en un país con una brutal magnitud de violencia se desfigura al intentar consolidar en la opinión pública ciertos estereotipos. «La justicia no puede ser un obstáculo para la paz», repiten las autoridades minimizando las consecuencias de la impunidad en una nación con miles de víctimas y donde numerosos desmovilizados se han reconvertido en violentas bandas criminales que desafían al Estado. «¿Perdonaría a las FARC en aras de lograr la paz?», preguntaba un influyente medio en un foro donde algunos lectores denunciaban que las FARC seguían «desangrando» al país, y otros rechazaban que se eximiera a los criminales de sus responsabilidades penales y políticas. «Lo más fácil es seguir la guerra; lo difícil, hacer la paz», insisten algunos políticos con un pensamiento dicotómico que reduce selectivamente los costes de negociar con terroristas, relativizando que es el uso de la violencia legítima por parte del Estado el que posibilita el final del terrorismo. «El acuerdo de paz es ahora o nunca», presionan las autoridades a una sociedad que lógicamente desea el final del terrorismo, pero, según las encuestas, sin concesiones políticas y penales. Hasta la comunidad internacional exige «proteger la paz» que algunos dirigentes de las FARC quieren que garantice una amnistía de capitales con la que blanquear el dinero acumulado con el narcotráfico.

Por ello no es extraño que las FARC ganen aceptación en determinados ámbitos, fortaleciendo así sus expectativas políticas en la esfera local, donde ambicionan reforzar su poder para mejorar en el futuro sus aspiraciones nacionales. El lenguaje gubernamental ha sido cuestionado por el procurador general, Alejandro Ordóñez, para quien «todos los colombianos somos amigos de la paz, pero la sociedad no está dispuesta a la impunidad, porque produciría nuevas olas de violencia». También lo cuestiona un prestigioso historiador como Eduardo Posada Carbó ( ElTiem

po 1/8/13), ya que se están magnificando las imperfecciones de la democracia colombiana ocultándose que esta goza de una legitimidad ausente en las FARC, cuyos líderes lo son esencialmente por practicar el terror y la intimidación. Precisamente los excesivos elogios al liderazgo del grupo terrorista por sus hipotéticos «esfuerzos por la paz», retórica con la que se defiende la negociación, favorecen otro peligroso ocultamiento de una incómoda realidad. Existen dudas fundadas sobre el control que los negociadores de las FARC ejercen y de su capacidad para garantizar no solo la firma de un acuerdo, sino su viabilidad y aceptación por parte de un grueso importante del grupo. En el movimiento terrorista conviven personalidades con intereses criminales y políticos tanto opuestos como complementarios, de ahí la asunción de que en el mejor de los casos la negociación solo lograría desmovilizar a una parte de las FARC.

En ese escenario, las negociaciones y la legitimidad que necesariamente implican para los interlocutores del grupo terrorista generan importantes desafíos para el Estado. Este intenta aplazarlos mediante un esquema de negociación copiado de Irlanda del Norte en el que «nada está acordado hasta que todo está acordado», recurriendo a lo que allí se definió como «ambigüedad constructiva». En un año no se ha concretado en detalle ningún acuerdo sobre los seis puntos de la agenda a pesar de que dos son los temas –reforma agraria y participación política– sobre los que se ha celebrado un consenso que, sin embargo, carece de concreción. Se intenta así evitar retrocesos, aunque el avance se limite a anunciar que en el futuro se acordará algo que en el presente sigue sin acordarse. Esta ambigüedad no es necesariamente constructiva, aunque permita parchear la situación mientras los interlocutores dirimen su batalla por la opinión pública. Entretanto, la ciudadanía clama por el final de un durísimo conflicto, pero no a cambio de una paz que la oprima.

 

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