Dentro del ciclo “El desmontaje de la Constitución” se celebró el 6 de mayo la conferencia “El final de la independencia judicial” con la participación de Ignacio Gordillo, Fiscal en excedencia, José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial y como moderador, Javier Carvajal, socio del despacho de abogados Pérez-Llorca.
Tras la presentación de los ponentes, el moderador se refirió a la politización de la justicia no solo por el fondo de las actuaciones del Gobierno sino incluso porque ni siquiera les preocupa la apariencia de independencia, cuestionó a los ponentes por la situación actual del Poder Judicial.
Ignacio Gordillo se mostró alarmado por la degradación de la independencia de un poder básico para mantener el equilibrio necesario para gozar de un auténtico Estado de Derecho. Recordando a su padre afirmó que “el mayor insulto que puede recibir un juez es que le llamen conservador o progresista”. Para Gordillo “el deseo de todo dictador es unificar todos los poderes del Estado en uno solo” y vamos por este camino porque no se elige a los mejores para estar al frente de los órganos de gobierno de los jueces o de la cúspide del poder judicial –Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala o magistrados del Tribunal Constitucional-.
En su opinión la politización es absoluta y los nombramientos son “un reparto de cromos” entre las asociaciones de jueces “que son políticas y no profesionales” y los partidos políticos. De este modo “no se elige a los mejores sino a los próximos a una u otra ideología”. Como prueba de esta politización se refirió a la sentencia sobre la ley del aborto que está pendiente desde hace diez años y “no sale adelante porque no se ponen de acuerdo los magistrados de distintas ideologías” o al nombramiento de la Fiscal General del Estado que, sin solución de continuidad, pasa de ser ministra de justicia a “Fiscal General del Gobierno que no del Estado”. Se refirió también a la anomalía que supone para el correcto funcionamiento del sistema, el hecho de que la ejecución de las sentencias quede en demasiadas ocasiones fuera del control judicial para trasladarse a ámbitos administrativos, citando como ejemplo las resoluciones de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios.
Por su parte, José María Macías mostró su preocupación porque en su opinión “Los ataques en el futuro serán aún más graves que los actuales”. Para el vocal del CGPJ la Constitución previó un modelo adecuado para configurar la estructura y la elección de los órganos de gobierno del poder judicial que incluso ha sido recomendado con posterioridad por la Unión Europea. El problema es que ha sido adulterado por la política “ese oscuro objeto de deseo de quien no cree en la democracia liberal” manifestó.
Para Macías la clave de la actual degradación de la independencia, no está tanto en el Poder Judicial como en “quienes quieren subvertir el sistema desactivándolo”. En su opinión esa desactivación, buscada por el Gobierno y sus apoyos parlamentarios, pretende con esta injerencia “impulsar un cambio de régimen que acabe con el Estado de Derecho tal y como hoy lo conocemos”
Se refirió también Javier Carvajal a la última pretensión del Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial eliminando la mayoría reforzada para la elección de sus órganos de gobiernos, así como para limitar las funciones cuando su mandato haya concluido y no haya sido renovado. Si bien parece que, tras el toque de atención de la Unión Europea, el Gobierno ha guardado en el cajón la modificación de la Ley en lo relativo a las mayorías, no ocurre lo mismo con a la limitación de sus competencias. Ambos ponentes mostraron no obstante sus reservas sobre la capacidad de control por parte de los órganos de gobierno de la Unión Europea.
