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España está haciendo frente a una de las crisis políticas más graves de las últimas décadas: los gobernantes de una comunidad autónoma amenazan con vulnerar la legalidad y realizar un referéndum para que una porción de la población española pueda imponer al resto la ruptura del territorio nacional y la secesión de parte del mismo.

España está haciendo frente a una de las crisis políticas más graves de las últimas décadas: los gobernantes de una comunidad autónoma amenazan con vulnerar la legalidad y realizar un referéndum para que una porción de la población española pueda imponer al resto la ruptura del territorio nacional y la secesión de parte del mismo. Lógicamente, este desprecio al derecho que asiste a todos los habitantes de cualquier nación para decidir juntos su propio destino, está suscitando un amplio debate político y mediático. Sobre el resultado final de esta aventura todavía no es fácil pronunciarse pues, desafortunadamente, la crisis va a causar unas heridas innecesarias entre los españoles y puede que durante años continúen abiertas. Sin embargo, sí resultan merecedores de análisis los pronunciamientos que se están realizando desde el ámbito académico.

En mitad del marasmo originado, el catedrático de Economía de la London School of Economics, Luis Garicano -brillante analista de la realidad económica y social de España-, acaba de escribir un interesante artículo en el que propone alternativas para solventar el reto propuesto. Según él «la reivindicación tiene tres patas: simbólica, competencial y financiera». Sobre las soluciones financieras que el conocido profesor expone tampoco nos pronunciaremos, pues ese ámbito se encuentra dentro de su disciplina académica y, sin duda alguna, hay tantas razones de peso para admitir su planteamiento como para debatirlo por parte de otro especialista en su materia -lo que ocuparía más espacio que un artículo periodístico-. Pero sí es posible analizar una de las soluciones que plantea en el terreno que define como «simbólico»: según Garicano, con aquella porción de habitantes y con el gobierno del territorio en el que se está planteando una ruptura ilegal es «crucial recomponer el vínculo emocional» y, para ello, «debe saber que no sólo es parte de España, sino que es querida por España, que su singularidad es aceptada y querida, que su lengua… es un patrimonio de España».

Verdaderamente, es difícil no estar de acuerdo con estas cálidas afirmaciones; sin embargo plantearlas como solución al problema demuestran una candidez digna de mejor causa: ninguna medida legislativa española desprecia a ninguna comunidad de su territorio, todas las singularidades territoriales e idiomáticas de España están jurídicamente amparadas, y, por supuesto, ningún habitante de alguna zona de España puede afirmar con veracidad que cuando se desplaza por cualquier rincón del territorio nacional se le niegue su condición de español.

LA SOLUCIÓN no puede estar en reconocer lo que ya está reconocido, ni en entregar lo que ya está entregado. Debatir sobre esto implicaría admitir que la raíz del problema está en unos supuestos agravios que no existen más que en la interesada reivindicación de los que quieren romper unilateralmente las reglas del juego. En esta alternativa propuesta, no sólo se está equivocando la terapia, el error está en el mismo diagnóstico. Inexactitudes de esta índole pueden obedecer, tanto a las buenas intenciones del que las emite como al desconocimiento del ámbito técnico en el que se ubica y desenvuelve el problema planteado. Tan ineficaz puede ser un médico intentando diagnosticar académicamente una crisis financiera, como un economista tratando de curar una apendicitis. En el caso que nos ocupa, una concreción de lo anterior se muestra en las otras «soluciones» ofrecidas por el profesor Garicano en los campos que denomina «simbólico» y «competencial». En este último terreno, como alternativa al conflicto -y probablemente desconociendo cómo se ha causado- este autor considera que «se trata de blindar las competencias relacionadas con la lengua, particularmente cultura y educación».

Una vez más la solución propuesta supone ignorar la raíz del problema: cualquiera que haya leído las obras del padre del nacionalismo -Juan Jacobo Rousseau- recordará cómo insistía en patrimonializar la educación para encasillar la mente de los ciudadanos en la visión obtusa del mundo que él preconizaba. Del mismo modo, se observa cómo uno de los principales objetivos del nacionalismo contemporáneo es apropiarse de la educación para distorsionarla a su antojo. Es fácil, por tanto, comprender el permanente interés mostrado por los nacionalistas en detentar el monopolio educativo y, más fácil aún, comprobar el resultado que las dejaciones en ese ámbito conllevan.

Plantear como «solución» a cualquier reto secesionista continuar abandonando la educación en manos de quién la ha utilizado para enfrentar a los ciudadanos y, además, ofrecer un «blindaje» de semejante desafuero, equivale a entregar un bote de gasolina y un mechero a quién ha demostrado ser un consumado pirómano. Vano intento, por otro lado, el de intentar apaciguar al nacionalismo plegándose de modo tan dócil a sus exigencias: los hechos son tozudos demostrando que esas concesiones sólo sirven para tensar el arco de las reivindicaciones, las cuales sólo cesarán cuando el arco se rompa o la flecha logre desasirse de él.

Pero donde se manifiesta con mayor claridad el peligro de buscar soluciones desde perspectivas ajenas al ámbito científico del problema es cuando se nos expone el más chocante planteamiento dentro del ámbito que se ha catalogado como «simbólico». En ese campo «hay que encontrar maneras de reconocer la diferencia…» de los territorios que deseen disgregarse «usando palabras (como la palabra nación) y símbolos que no son tan lejanos de los que de hecho usamos (nacionalidad)». Cualquier conocedor medianamente informado de los rudimentos del derecho constitucional concluirá que el término nación es cualquier cosa menos «simbólico». Utilizar el término nación no puede circunscribirse al terreno de unos meros «juegos florales»: implica otorgar a un territorio una serie de prerrogativas jurídicas y políticas que trascienden del ámbito de lo romántico. No es necesario enumerar todas las contundentes características técnicas que cualquier nación tiene: territorio propio e independiente, administración desvinculada a cualquier otra instancia externa, alteridad internacional y, sobre todo, soberanía. Catalogar como nación a un territorio e ignorar que tiene derecho a disfrutar de todas estas facultades es abrir las compuertas de un conflicto permanente.

TAN EVIDENTE es lo anterior que -precisamente por este motivo- el reconocimiento del carácter de nación para su territorio es una de las principales reivindicaciones del nacionalismo. A ninguna nación se le puede negar su derecho a constituirse en Estado independiente, y eso es bien sabido por cualquier nacionalista; toda nación es titular de soberanía y goza del privilegio de tratar en términos de igualdad con el resto de las naciones -tampoco ignora esto el nacionalismo-; y sin querer agotar la enumeración de facultades, todas las naciones se distinguen por articular el ejercicio de su soberanía a través del pueblo y, a éste, los organismos internacionales le reconocen el derecho de autodeterminación ¿A qué más puede aspirar un nacionalista?

Como podemos ver, el otorgamiento del carácter de nación a parte del territorio de una nación que lo es realmente, no es cuestión baladí; tiene trascendentales consecuencias de política interior e internacional, que transforman completamente la realidad jurídica de una comunidad política. Por otra parte, esta bienintencionada propuesta supone aceptar que las leyes deben ser cambiadas al capricho de quién pretende vulnerarlas. Cuando en una partida de cartas se comprueba que hace trampas uno de los jugadores, no se cambian las reglas del juego para que las irregularidades tengan cabida; se amonesta al que las hace y -si no rectifica- se expulsa de la partida al tramposo.

 

 

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